Ken Murray, médico, describió en su ensayo "Cómo mueren los médicos" a colegas que rechazaron la quimioterapia, la cirugía y la atención intensiva una vez que sus propias enfermedades se volvieron terminales, optando por la comodidad en casa en lugar de tratamientos agresivos [7]. Atribuyó la vía más común, en la que los pacientes aceptan todas las intervenciones disponibles, al miedo, a la mala comunicación y a expectativas poco realistas sobre lo que el tratamiento puede lograr [7].
El instrumento legal detrás de muchas de esas decisiones data de 1967, cuando el abogado de Illinois Luis Kutner propuso el testamento vital en un discurso ante la Euthanasia Society of America y publicó la idea en una revista jurídica dos años después [4]. Un testamento vital registra las instrucciones de tratamiento de una persona y entra en vigor únicamente cuando esta ya no puede dar su consentimiento informado [4]. Para 2007, el 41 por ciento de los estadounidenses había redactado uno [4]. La Ley Federal de Autodeterminación del Paciente, vigente desde diciembre de 1991, exige que hospitales, asilos de ancianos y agencias de atención domiciliaria informen a los pacientes sobre su derecho a elaborar tales directivas conforme a la legislación estatal [4].
Posteriormente, Murray escribió "En realidad, los médicos mueren de manera distinta", donde recopiló estudios que indican que un porcentaje significativo de médicos ha redactado directivas anticipadas, mientras que la población general en general no lo ha hecho [6]. El ensayo sostiene que los médicos, al haber observado de cerca los procesos de reanimación, tienden a desear menos intervenciones de este tipo para sí mismos y a morir en casa sin tratamientos invasivos [6].
En 2017, 7.000 de los 26.000 pacientes a quienes se les aplicó RCP en hospitales lograron sobrevivir y ser dados de alta, lo que representa una tasa del 26 por ciento [2]. Los hospitales publican estas cifras cuando explican a pacientes y familiares las órdenes de no reanimar [2].
Fuera de los hospitales, en 2018, 8.000 de 80.000 personas sobrevivieron y fueron dadas de alta, un porcentaje cercano al 10 por ciento [2]. El uso de desfibriladores externos automáticos por parte de testigos aumentó la tasa de éxito al 35 por ciento; en el caso de arrestos en espacios públicos, la tasa alcanzó el 21 por ciento, ambas cifras superiores al promedio domiciliario [2]. Los residentes de asilos de ancianos tuvieron tasas de supervivencia entre la mitad y las tres cuartas partes del promedio general [2]. Las lesiones físicas son frecuentes: el 13 por ciento de los pacientes sometidos a RCP sufren fracturas óseas, y un número no determinado presenta rotura de cartílago que puede percibirse como fracturas óseas [2].
Las compresiones torácicas envían sangre oxigenada al cerebro y al corazón, pero rara vez logran reanimar el corazón por sí solas [3]. Generalmente se requiere una descarga eléctrica, la cual solo es efectiva en casos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular asincrónica [3]. El cerebro comienza a sufrir daños tras unos cuatro minutos sin flujo sanguíneo, y los daños resultan irreversibles después de unos siete minutos; por eso la RCP suele ser eficaz únicamente si se inicia dentro de ese margen temporal [3].
Los pacientes consideran aspectos más allá de las simples tasas de supervivencia. Entrevistas realizadas entre 2006 y 2009 a 26 pacientes que optaron por la orden de no reanimar y a 16 que prefirieron recibir tratamiento completo en Toronto revelaron que sus decisiones dependían de factores personales como la salud y el estilo de vida, factores relacionales vinculados a la familia o la sociedad, y factores filosóficos [2]. Un análisis de 26.000 pacientes mostró que las órdenes de no reanimar se distribuyen de manera desigual según el grado de enfermedad: en cada uno de los 10 niveles de afección, desde el más sano hasta el más grave, entre el 7 y el 36 por ciento de los pacientes contaban con dicha orden [2].
Una encuesta de 2010 realizada a más de 10.000 médicos estadounidenses reveló que el 23,6 por ciento recomendaría o aplicaría terapias vitales que consideran inútiles; el 37 por ciento no lo haría, y el 39,4 por ciento respondió que "depende" [5]. La inutilidad médica se divide habitualmente en inutilidad cuantitativa, basada en probabilidades numéricas, e inutilidad cualitativa, basada en la calidad del resultado esperado [5]. Los costos financieros también son relevantes: en la mayoría de los países desarrollados, la atención médica durante los últimos 12 meses de vida representa alrededor del 10 por ciento del gasto sanitario total, mientras que en los últimos tres años puede alcanzar hasta el 25 por ciento [1]. La planificación anticipada de la atención, que registra las preferencias del paciente antes de una crisis, sigue siendo poco utilizada [1].



