El 4 de enero, los abogados de la ciudad de Elkhart, Indiana, entregaron al abogado de Keith Cooper los expedientes de dos investigaciones internas que concluyeron que el detective principal encargado de su caso, Steve Rezutko, tuvo contacto sexual inapropiado con informantes, a uno de los cuales admitió haber pagado [1]. Una informante afirmó que Rezutko le pagó por mantener relaciones sexuales orales [1]. Esta información se incorporó a la demanda federal presentada por Cooper contra la ciudad y varios exagentes, tras múltiples cartas en las que se exigía la entrega de dichos documentos [1].
Rezutko dejó el Departamento de Policía de Elkhart en 2001. Según transcripciones del juicio y otros documentos judiciales, durante más de una década la ciudad afirmó a Cooper y a Christopher Parish que no se podían encontrar registros que explicaran dicha renuncia [1]. Periodistas del South Bend Tribune y ProPublica también encontraron resistencia similar: agencias locales, incluido el Departamento de Policía de Elkhart, negaron o retrasaron el acceso a documentos públicos, y en otros casos entregaron expedientes incompletos [1].
En 1996, un hombre resultó herido de gravedad durante un robo en Elkhart; Cooper y Parish fueron condenados por ese delito [1]. Cooper sostiene que el caso en su contra se basó en rondas de identificación fotográfica sugestivas mostradas a los testigos y en una declaración falsa de un informante en prisión que afirmó que Cooper había confesado el crimen [1].
Elliot Slosar, abogado de Cooper, calificó de "chocante" el hecho de que la ciudad no hubiera divulgado los expedientes de Rezutko y solicitó al juez imponer sanciones a Elkhart [1]. Según él, esos documentos son relevantes porque socavan la credibilidad de Rezutko y demuestran su disposición a inducir a testigos e informantes a cooperar [1]. "Quizás lo más preocupante de todo es que la Ciudad se niega a ofrecer cualquier explicación sobre por qué retuvo esos documentos", escribió [1].
En los más de 20 años transcurridos desde las condenas, las pruebas presentadas por la fiscalía se han ido desmoronando en sucesivos procesos penales y civiles [1]. La condena de Parish fue anulada y recibió un acuerdo de 4,9 millones de dólares. Cooper obtuvo el primer indulto en Indiana basado en su inocencia y presentó su propia demanda [1]. En dicha demanda, Cooper sostiene que las políticas o prácticas del Departamento de Policía facilitaron o toleraron la conducta indebida de sus agentes [1].
Vlado Vranjes, asesor jurídico de la ciudad de Elkhart, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de correo electrónico en los que se solicitaba su comentario [1]. Martin Kus, abogado que representa a Elkhart en el caso de Cooper, se negó a comentar el asunto por tratarse de un litigio pendiente y afirmó que se ofrecería una respuesta detallada posteriormente [1]. Rezutko se negó a comentar las acusaciones y remitió las consultas a su abogado, Andrew Williams, quien no respondió a las solicitudes de entrevista [1].
A junio de 2025, el Registro Nacional de Exoneraciones contabilizaba 3.696 exoneraciones, lo que equivale a 34.072 años de encarcelamiento [2]. El registro incluye a personas cuyas condenas fueron anuladas o revocadas y que no volvieron a ser juzgadas al ser desestimados los cargos; sus datos detallados abarcan desde 1989, aunque los registros anteriores son limitados [2]. Entre los casos de condenas anuladas se encuentran casos basados en pruebas de ADN, como el de Ray Krone, absuelto en 2001, y el de Anthony Ray Hinton, liberado en 2015 tras casi 30 años de prisión [3].



