El 1 de julio de 2010, Finlandia se convirtió en el primer país en declarar el acceso a la banda ancha como un derecho legal, otorgando a cada finlandés el derecho a contar con una conexión de al menos 1 megabit por segundo [1]. La BBC informó sobre este cambio el mismo día en que entró en vigor, contrastándolo con el enfoque británico, que no llegó a establecer una garantía legal [1]. Finlandia es un país nórdico con 5,7 millones de habitantes, limítrofe con Suecia, Noruega y Rusia [2].
La obligación recayó sobre las empresas de telecomunicaciones, no sobre una agencia gubernamental. A partir del 1 de julio, todos los operadores debieron ofrecer a cada residente una línea de banda ancha capaz de alcanzar al menos 1 Mbps [1]. La ley hablaba de «residentes», un grupo más amplio que el de los titulares de pasaporte; la ciudadanía finlandesa se define por separado en la Ley de Nacionalidad, vigente desde el 1 de junio de 2003 [3].
Suvi Linden, ministra de Comunicaciones de Finlandia, manifestó a la BBC que la legislación surgió tras un análisis sobre el uso que los finlandeses hacían de la red en su vida cotidiana. «Los servicios de Internet ya no son solo para entretenimiento», afirmó. Añadió que Finlandia había trabajado arduamente para desarrollar una sociedad de la información, y que unos años antes el gobierno se había percatado de que no todos tenían acceso a Internet [1].
Cuando la normativa entró en vigor, aproximadamente el 96 % de la población ya contaba con conexión a Internet; solo unas 4.000 viviendas aún necesitaban ser conectadas para cumplir con la ley [1]. Este alto nivel de cobertura es fruto de décadas de políticas públicas: Finlandia se industrializó rápidamente a partir de la década de 1950 y construyó un estado de bienestar al estilo nórdico; además, ocupa posiciones destacadas en los rankings internacionales de educación y competitividad económica [2].
Además del umbral mínimo de 1 Mbps, el gobierno prometió conectar a toda la población a una red de 100 Mbps para el año 2015 [1]. Esta meta era cien veces superior al mínimo legal y constituía más bien una aspiración que el derecho propiamente dicho, el cual seguía siendo el acceso a la conexión más lenta que cada operador debía garantizar [1].
En el Reino Unido, el gobierno prometió ofrecer un mínimo de 2 Mbps a todos los hogares para 2012, pero decidió no incluirlo en la legislación [1]. Un portavoz del Ministerio de Cultura, Medios y Deporte describió esta política como una «obligación de servicio universal» bajo la cual «prácticamente todas las comunidades contarán con banda ancha» [1]. La penetración de Internet en el Reino Unido era del 73 %, frente al 96 % en Finlandia [1].
El carácter legal de la conexión también influyó en la forma en que cada país abordó el intercambio ilegal de archivos. Tanto el Reino Unido como Francia indicaron que podrían cortar o limitar la conexión a quienes descargaran música y películas de forma gratuita en repetidas ocasiones [1]. Finlandia adoptó un enfoque más moderado: los operadores enviarían cartas a quienes compartieran archivos ilegalmente, y Linden afirmó que el gobierno no tenía previsto cortar el acceso a Internet [1].
Una encuesta realizada por el Servicio Mundial de la BBC a principios de 2010 reveló que casi cuatro de cada cinco personas en el mundo consideraban el acceso a Internet un derecho fundamental [1]. La ley finlandesa transformó ese sentimiento en una obligación vinculante para los operadores privados, aplicándose a toda la población residente y no solo a una parte del mercado [1].


