En marzo de 2017, Danny Kluthe, ganadero de cerdos de Nebraska, manifestó ante la legislatura estatal que una avería durante la siembra o la cosecha no deja tiempo para esperar la llegada de un empleado del concesionario. Kluthe afirmó que la mayoría de los equipos nuevos requieren una descarga para ser reparados [7]. Kevin Kenney, agricultor y defensor del derecho a reparar, sostuvo que quien compra un tractor debe poder hacer con él lo que considere oportuno [7]. Ambos apoyaban un proyecto de ley en Nebraska cuyo objetivo era anular el acuerdo de licencia de John Deere sobre la reparación de equipos [7].
Deere & Company, con sede en Moline, Illinois, ocupó el puesto 84 en la lista Fortune 500 de 2022 y vende tractores bajo series como la D, la E y JDLink [1]. El diagnóstico de dichas máquinas se realiza mediante Service ADVISOR, el programa propietario de John Deere, que controla el restablecimiento de códigos de error, la calibración de sensores y los cambios de configuración. Deere restringe el acceso a este programa mediante autorización de concesionarios, cifrado de hardware y acuerdos de licencia [6] [8].
El acuerdo de licencia que John Deere exigió a los agricultores firmar en octubre de 2016 prohíbe casi cualquier tipo de reparación o modificación de equipos que cuenten con software integrado. Asimismo, impide a los propietarios demandar por pérdidas de cosechas, ganancias, reputación o uso del equipo derivadas del funcionamiento del software [7]. Estas condiciones se aplican a cualquier persona que ponga en marcha el tractor o lo utilice de cualquier forma [7].
Según informes sobre el mercado de reparaciones, los agricultores pierden unos 3.000 millones de dólares al año por el tiempo de inactividad de sus equipos y gastan 1.200 millones de dólares adicionales en costos de reparación inflados [6] [8]. Kenney describió el proceso de una sola intervención: Deere cobra 230 dólares, más 130 dólares por hora, para que un técnico se desplace y conecte un dispositivo al puerto USB del tractor a fin de autorizar el reemplazo de una pieza [7]. En ciertas zonas de Nebraska, el concesionario más cercano se encuentra a 40 millas de distancia [7].
Los tractores John Deere figuran en listas de aplicaciones industriales de DRM junto a cafeteras Keurig y bombillas Philips; además, eludir dichas restricciones es un delito según la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital en Estados Unidos [4]. Los investigadores califican este sistema como un monopolio de reparación, es decir, un monopolio del mercado de posventa en el que el fabricante controla el servicio técnico de sus productos mediante piezas, manuales y herramientas de diagnóstico restringidos [2]. Estos monopolios se han asociado con precios más altos, mayores demoras, menor capacidad de reparación y menos opciones para los compradores [2].
En los círculos agrícolas circulan copias pirateadas de Service ADVISOR y emuladores de hardware que permiten obtener acceso total al mantenimiento del tractor [6] [8]. Los técnicos adquieren en el mercado negro software ucraniano de John Deere hackeado; también existen herramientas similares procedentes de Europa del Este y China [7] [9]. El código modificado se integra directamente en el hardware: el firmware es el software de bajo nivel almacenado en memoria no volátil que controla los componentes del dispositivo, y el firmware programable puede reescribirse mediante un proceso llamado flasheo [5].
La Comisión Federal de Comercio y varios gobiernos estatales demandaron a John Deere por violaciones antimonopolio, exigiendo acceso a Service ADVISOR; un tribunal federal rechazó el intento de Deere de archivar el caso [6] [8]. Deere y otros fabricantes justifican estas restricciones por motivos de seguridad, cumplimiento de normativas de emisiones y protección de la propiedad intelectual [9]. La distribución de copias pirateadas es ilegal en la mayoría de los países; el hackeo implica eliminar la protección contra copias mediante parches de código, generación de claves o uso de herramientas de elusión [3].
Nathan Proctor, de U.S. PIRG, resaltó la importancia del factor tiempo: si el equipo no funciona en el breve periodo en que se necesita, el agricultor puede perder ingresos, su actividad agrícola e incluso su negocio [6] [8]. Las legislaturas estatales se han convertido en el principal escenario para lograr cambios. En 2017, Nebraska evaluó su proyecto de ley mientras otras siete entidades consideraban medidas similares; desde entonces, algunos estados han aprobado leyes que garantizan el derecho a reparar [7] [9].

